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Las cuatro asociaciones más importantes de la automoción, Anfac, Sernauto, Faconauto y Ganvam, han criticado conjuntamente la decisión del Gobierno de no implementar un ajuste del Impuesto de Matriculación, que supondrá una subida de la presión fiscal. Todas han recordado el empleo que generan, la recaudación fiscal que aportan y la inversión en I+D+i que realizan.

Por Pablo M. Ballesteros, Ignacio Anasagasti, Javier Menéndez.

Los presidentes de las cuatro asociaciones más importantes de la automoción, Anfac, Sernauto, Faconauto y Ganvam, han pedido al Gobierno, durante la celebración de una rueda conjunta, que aclare si su modelo es avanzar en la descarbonización de los vehículos o en su supresión, porque han detectado que hay una parte del Ejecutivo que apuesta por la electrificación, pero hay otra que opta por «un modelo sin coches», lo que pone en peligro a un sector que representa «el 60% de la industria y a un 10% del PIB«.

En este sentido, el presidente de Anfac y vicepresidente ejecutivo de Producción y Cadena de Suministro del Grupo Renault y presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, ha solicitado que haya «una sola voz» y un liderazgo para evitar tener que hablar con «30 interlocutores» y que se elija un camino para que las empresas «puedan actuar en consecuencia».

De los Mozos ha reconocido la valía de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, «que siempre está al corriente» y es «la única persona del Gobierno que se ha preocupado» por la situación.  No obstante, ha criticado que en cinco meses desde que se creó la mesa de la automoción se hayan reunido una única vez, con una intervención de «cinco minutos», cuando «nosotros sabemos lo que hay que hacer».

Asimismo, ha recordado que está bien anunciar planes, pero hay que ejecutarlos más rápidamente «porque el mundo (y en concreto Francia) se mueve a una gran velocidad» y si no » va a haber ganadores y perdedores». Al respecto, ha destacado que el Plan de choque anunciado el 15 de junio es positivo, pero que la ejecución está siendo complicada. No obstante, el responsable de producción del Grupo Renault ha subrayado que van a ser «leales a las diferentes administraciones»

Los concesionarios perderán un 11,25% del empleo

Por su parte, el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, ha alertado de que ya no es posible garantizar el empleo en las redes de distribución por la debilidad del mercado y ha estimado que se podrían perder «hasta 18.000 puestos de trabajo» (un 11,25% del total) en parte por la subida del Impuesto de Matriculación en 2021, que hará que se dejen de matricular 110.000 unidades el próximo ejercicio.

Según los cálculos de esta asociación, apoyados en un informe de BBVA Research, 2020 cerrará con unas 827.000 ventas y 2021 con unas 900.000, lo que imposibilita que se mantenga una plantilla de 160.000 empleados y haya que luchar por «defender entre 140.000 y 145.000″. Las cifras de entregas hará también que se incremente la edad media del parque de vehículos de los 12,9 años a 13,6.

Los cuatro presidentes de las asociaciones Ganvam, Sernauto, Anfac y Faconauto posan tras una rueda de prensa conjunta..
Los cuatro presidentes de las asociaciones Ganvam, Sernauto, Anfac y Faconauto posan tras una rueda de prensa conjunta.

Para frenar esta deriva, Pérez ha apostado por un Plan Renove más efectivo para el que sería necesario subvencionar con 2.000 euros la compra de coches diésel y gasolina —1.000 millones por parte de la Administración y otros 1.000, por parte de la marca o el concesionario—, como ocurría con los PIVE o el 2000E.

Asimismo, ha recordado que, al igual que las marcas necesitan seguridad jurídica, a los concesionarios les ocurre lo mismo, en referencia a la demanda Ley de Distribución, que debería reequilibrar las fuerzas entre fabricantes y distribuidores, para tener una relación más «fructífera».

Comparación internacional

La presidenta de Sernauto, María Helena Antolin, reclamó que, tras “el tremendo impacto de la pandemia” —en 2020, la facturación de los proveedores caerá entre un 20% y un 30% y el empleo, entre un 6% y un 8%—, “es fundamental pasar a la acción con determinación y que se pongan en marcha medidas con dotación suficiente para cubrir las necesidades reales”. “Otros países están haciéndolo, y bien,”, por ejemplo, con “ambiciosos programas de innovación e inversión industrial”, sentenció.

En relación a la actuación gubernamental, puso el foco en la “oportunidad histórica” que representan los fondos europeos “para avanzar de manera acelerada en la transición ecológica”. Sobre ello, precisó que el Ejecutivo debería hacer “una asignación con una fácil tramitación”, dado que la industria “se está jugando mucho para seguir atrayendo inversiones, poder mantener los millones de empleos y la competitividad”.

Para hacer más atractivo al sector en el panorama global, solicitó que las administraciones “apoyen la innovación de las grandes empresas y las pymes como lo hacen algunos países vecinos”. Así, Antolin expuso que, después de que a mediados de noviembre el Gobierno reajustara el alza aprobada del 12% al 25% de la desgravación de innovación en procesos en el Impuesto de Sociedades, porque “Europa no lo aceptó”, su organización “está trabajando en estos momentos con el Ministerio de Industria” para encontrar fórmulas que permitan mayores ventajas para las grandes corporaciones —tras el cambio, el porcentaje para estas sociedades se queda en el 15%—. “En Alemania y Francia, las desgravaciones son mucho más importantes”, remachó.

Apoyo decidido a la infraestructura de carga

La asociación de vendedores Ganvam, por boca de su presidente, Raúl Palacios, puso el énfasis en la necesidad de que el sector y el Gobierno se sienten a “trabajar en el nuevo modelo del sector, para alcanzar la electrificación y la digitalización, pero conservando el empleo y el tejido productivo”. En el caso de la distribución, recordó que lo forman más de 42.000 pymes, con una plantilla superior a las 300.000 personas, que facturan 91.000 millones de euros y generan una recaudación tributaria de 18.520 millones.

Para el reto de la transición energética, explicó que, aunque “las cifras de electrificación mes a mes sean positivas, el mercado todavía no demanda suficiente cantidad [de coches] —se matriculan anualmente unos 30.000 vehículos cero emisiones— para alcanzar los objetivos del Gobierno”, que exigen “triplicar el actual parque de 75.000 unidades hasta las 250.000 en 2023”. Y eso, destacó, a pesar de la existencia de los incentivos, que, a su juicio, “deberían ser revisados”, entre ellos el Renove y el Moves, convirtiéndose en programas “estructurales, con continuidad en el tiempo y más eficientes”.

Aparte de ello, comentó que si bien se requieren incentivos a la compra, que en el caso del plan del IDAE debería ir a un reparto de fondos en función del mercado de las regiones y no por población, es todavía más relevante que se dedique más dinero a la implantación de red de carga, estableciendo “una estrategia nacional más decidida”, lo cual sería un hito imprescindible para impulsar definitivamente las ventas de modelos eléctricos e híbridos enchufables.

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